La pena de muerte en México: I Aspectos Generales.

“Si la muerte se aplicase a la conducta delictiva de los hombres, ¿quién sería el último en suicidarse?”.

El Derecho Penal tiene como principal objeto intimidar al hombre para que éste no realice algunas conductas de acción y omisión que contravengan al orden jurídico establecido, sujetandolo en la represión que el Pacto Social ha depositado en la Soberanía del Estado para asegurar el bienestar común.

La concepción y evolución del Derecho Penal ha originado diferentes posturas en cuanto a la norma se refiere, ocupando un gran debate en torno a la disposición de las penas, su duración y ejecución. Regularmente la pena ha ido modificándose en la aplicación, inhibiendo cada vez más al hombre en su entorno para lograr el sentido de temor hacia el Estado como Juez irremisible de la “mala conducta”. Doctrinalmente, el Derecho Penal también ha desembocado en un brutal cisma en las sociedades, apuntando a un debate trascendental en la concepción de las penas que han de ser punibles a los infractores.

El Derecho Mexicano en materia Penal -en teoría- ha abogado para que el delincuente sea rehabilitado en la sociedad, y éste a su vez le sea útil a la misma en la no reiteración de la conducta castigada. En los Códigos Penales de las entidades el mayor bien jurídico protegido es la vida, y como tal, desde cualquier punto de vista, en los delitos contra la vida recaen las persecuciones de mayor valía dentro del Estado. Es entonces que la vida, siendo el mayor bien que posee el hombre, deba ser tutelado con la mayor observancia y delicadeza dentro de las penas.

La rehabilitación dentro de las penitenciarias es absurda en México, notoriamente. El arte de delinquir se afina en la readaptación social hasta tomar alcances alarmantes en detrimento del Estado y de la sociedad. La política penal ha generado una penuria institucional en el desarrollo directo de la población. La persecución de los delitos ha simplificado la confianza hacia los aparatos castigadores, hacia los Poderes Judicial y Ejecutivo de los Estados y de la Federación. Los crímenes quedan impunes y se obtiene una radiografía de ineficacia en sus detenciones y persecución. Las cifras y las estadísticas muestran al delincuente como un ser que pocas veces es capturado para que pague su delito ante la sociedad.

En dicha situación y atendiendo dialécticamente un criterio de abstinencia en la conducta criminal por parte de los delincuentes, los Legisladores han optado por aumentar las penas a los delitos, de intimidar en demasía al hombre para que no las cometa. Consecuentemente, la conducta delictiva no se reduce y se entiende por tal que las medidas no son las idóneas o existe ineficacia en su persecución. Por tanto, el paradigma que los Legisladores han aplicado legislatura sobre legislatura, es crear penas más duras y estrictas para generar temor a delinquir.

De ninguna forma y con ninguna pena se ha logrado que los delitos se reduzcan, y es cuando la capitalización de la severidad se asoma nuevamente como solución para evitar que la delincuencia siga imperando en la sociedad. Los castigos aumentan y se crean nuevas de mayor influencia, nuevos debates: Cadenas Perpetuas y penas de Muerte para los delincuentes, como esperando que al tipificarlas el problema de la delincuencia pueda extinguirse de los males que nos aquejan, sin tomar en cuenta medios alternativos como una íntegra persecución para que el delito sea completamente punible.

Rescatando a México

La población del país se encuentra en un clima entero de inseguridad irremediable, que fortalece la plenitud y la potestad del Gobierno para actuar libremente en contra de aquellos que atacan a la Nación y a sus habitantes.

Se ha evidenciado la lamentable incapacidad del Gobierno Mexicano –en sus tres esferas- para competir con el narcotráfico y contra todos los agentes violentos que amedrentan la paz del país, creando el ambiente soez que acribilla las esperanzas y unifica el latifundio de violencia insuperable.

La inseguridad en México, conocida en lo general pero desconocida en el particular actuar salvaje en estos tiempos, ha sido blanco fácil para desatar una equitativa y brutal ofensiva del Poder Ejecutivo en la guerra contra de aquellos que envenenan a la sociedad. Caracterizada por el discurso flamante y la gallardía de nuestras defensas en contra del narcotráfico, esta guerra ha desatado infinidad de desafortunados incidentes en la República entera, ocupando un clima desalmado de miedo y terror entre todos los ciudadanos.

Los saldos de guerra actuales aparecen como una letanía apócrifa de la situación, resaltando un cuasi Estado de Sitio con la política aplicada para asegurar una victoria efímera y una capacidad de acción total, eficaz y completa de los rivales. La correspondencia de fuego al fuego acentúa una violencia desmedida en ambos bandos, atando a la sociedad a una ola de fuego cruzado sin precedentes. Augurando la sin igual batalla se tiene que meditar completamente el posible escenario que semánticamente habrá que lidiar la ciudadanía: los probables supuestos son varios, como imaginables en la acción que se ejercerá con el recrudecimiento.

La política aplicada hacia la inseguridad por Felipe Calderón conviene a los intereses momentáneos de una agenda sin proyecto a futuro, liada al momento y al espacio generado por actores importantes y por hechos triviales que circulan en los medios; a decir concretamente, todo lo que está de moda. No hay acción concisa que trate de desarticular a ese monstruo de mil cabezas que sigue y seguirá ahí en la penumbra sin siquiera ser molestado más que en la superficie que deja ver; no hay propuesta que incite la confianza de las gentes que formamos a la Nación, ni un liderazgo contundente que pueda aplicar sin distinción ni prerrogativas la ley como debería ser.

Las circunstancias que rodean el momento histórico hacen prevalecer la fuerza del Estado para contrarrestar la oleada del narcotráfico, quizás diluidos en probables tesis de golpes autoasestados para legitimar futuras acciones y limitar en un Estado Policiaco al país. Debe analizarse bien el proyecto a librar para descuartizar a ese monstruo, como definir bien que probabilidades existirán de adecuar las libertades y Garantías Individuales que costarán en dado momento a los mexicanos, que obligadamente se prevé en la irremisible guerra que el Ejecutivo ha de librar.

¿Cuánto costará rescatar a México de la violencia recíproca?, sólo los generales podrán difuminar las dudas.