Sobre la recomendación vs. la supervía

Por: Paula Sofía (@pauletta_sofia)

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer la recomendación 1/2011, relativa a la construcción de la Supervía Poniente. Dicha recomendación, mediante un riguroso análisis jurídico y sobre las pruebas de los hechos (aportadas tanto por autoridades de distintos niveles de gobierno como por particulares) declara, en síntesis que; a) el Gobierno del GDF es responsable por la violación de los derechos al medio ambiente sano y al agua; b) Tanto el GDF como la delegación Magdalena Contreras violaron los derechos a la información y a la participación ciudadana y; c) Que el GDF y la delegación Álvaro Obregón son responsables de la violación del derecho a la seguridad jurídica.

En sintonía, la Comisión ha recomendado a las autoridades responsables –entre otras cosas- detener la suspensión de la obra hasta que no se realice una consulta pública en la que se analice a profundidad el proyecto, y donde también se pongan sobre la mesa otras alternativas de movilidad sustentable en la zona poniente de la Ciudad, así como subsanar la flagrante omisión de un diagnóstico en material ambiental que tome en consideración las disposiciones de la Ley Ambiental de Distrito Federal y los estándares internacionales, y el cumplimiento de estos dos puntos teniendo en consideración la satisfacción del derecho de acceso a la información y la transparencia conforme al principio de máxima publicidad.

Aunque sabemos que las recomendaciones emitidas por las Comisiones de Derechos Humanos no son vinculatorias, es decir, no tienen que ser obedecidas por las autoridades a las que van dirigidas, también es por todos conocido el peso de las mismas en la opinión pública y en el terreno de la política; el no acatar una recomendación en la que se responsabiliza a un funcionario público de atentar contra los derechos humanos tiene, evidentemente, un impacto negativo en la imagen del mismo que, no sobra decirlo, en tiempos pre electorales como los de ahora, puede –o al menos debería- influir en las preferencias de los ciudadanos.

Que un funcionario público rechace una recomendación, fundamentada en argumentos jurídicos y de hecho que cuentan con pruebas que los respalden, emitida por un órgano constitucional autónomo del Estado, evidencia dos fallas de carácter que, en mi opinión, no deben pasar desapercibidas: una actitud soberbia y el desprecio a las organismos del Estado. Mientras que del primer rasgo me parece que no hay demasiado que decir; en una democracia constitucional como la que tenemos –o que al menos aspiramos tener- un político soberbio, autorreferente y que no tenga capacidad de dialogar, llegar a consensos e incluso cambiar de opinión cuando sea necesario, no debería tener cabida; el segundo, el descrédito a los organismos del Estado me parece mucho más importante.

México enfrenta en estos momentos una grave crisis institucional; las personas hemos perdido la confianza en el trabajo –cualesquiera que éste sea- que realizan las instituciones del Estado. La corrupción, la negligencia y la impunidad nos han convertido en escépticos del poder que tienen las instituciones para solucionar nuestros problemas. Además, la clase política y los funcionarios del gobierno, también han abonado en este terreno actuando, con cinismo y de manera cotidiana, como si el estado de derecho y el marco institucional en que se funda el Estado y que debe regular sus acciones, fuera de cumplimiento opcional.

En el caso de la Supervía, la recomendación es clara en sus conclusiones; el gobierno del Distrito Federal, así como las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras violaron los derechos humanos de los habitantes del Distrito Federal. Si Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, decide no acatarla, nos está demostrando que a él, las leyes, las instituciones del Estado y en general el pacto de convivencia, le tienen sin cuidado. Y creo que en un país fracturado, violento, y debilitado en sus instituciones, las actitudes autoritarias pueden terminar por destruir los incipientes avances que hemos dado hacia una verdadera democracia constitucional.