
El asesinato de Benjamín Le Barón en Galeana, Chihuahua, nos muestra una radiografía de la guerra contra el crímen organizado. En una guerra que hasta el 10 de Julio llevaba 12 mil 800 muertos, una ejecución más podría carecer de importancia. Sin embargo la muerte de Benjamín nos da una nueva llamada sobre la realidad de esta guerra emprendida por el Estado. Una serie de operaciones que si bien han logrado desmantelar la estructura de cárteles y bandas, ha costado más vidas de las previstas, lo más preocupante: ha logrado causar en la población no sólo hartazgo y desconfianza en las autoridades, sino miedo.
Le Barón luchó en contra del secuestro de su hermano Erick, organizó a toda la comunidad mormona de Galeana y decidió que no pagaría el rescate que pedían, con su sentido común cuestionó el seguir siendo víctima de estos delincuentes, que con su chantaje, lo que logran es que el secuestro se siga viendo como un negocio. Logró lo que pedía, tras su movimiento, con ciudadanos participativos y organizados logró que Erick volviera con vida, sin embargo no previó el riesgo que constituía. Fue ejecutado junto con su cuñado Luis Wittman.
El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga el derecho a los ciudadanos de la República a tener armas en su domicilio. De ahí el delirio, durante el fin de semana, el comandante de la quinta zona militar escuchó las demandas ciudadanas, comprobó el sentimiento de inseguridad que viven cada día los habitantes. Propuso lo impensable: les dijo que la ley les permitía tener armas de calibre pequeño en su casa, esto no sería extraño dado que es nuestro derecho, pero el general propuso que quienes quisieran tener mayores calibres se conformaran como comités de cacería.
Con estos cazadores falsos, el Estado mexicano estaría avalando la creación de grupos paramilitares, el resultado: caos. Uno de los fines del Estado es garantizar la seguridad y el bien de la población, por ello consagra las Garantías Constitucionales y dada su convicción democrática, México ha firmado sinnúmero de tratados internacionales en defensa a los derechos humanos. La realidad a la que se enfrenta el Estado es sumamente compleja, ha decidido combatir al crímen organizado y narcotráfico con el Ejército, hay difusos y poco claros resultados de esta guerra, siguen muriendo civiles inocentes y cada vez más los ciudadanos hacen las veces del Estado. Se deben encontrar nuevos caminos, el armamento y organización de los ciudadanos al amparo de la ley, puede devenir en una verdadera gurra civil.
Creo que la situación actual de México está haciendo que se hagan estos grupos armados. Es extraño y probablemente se sale de la ley, pero hasta cierto punto es algo a lo que la gente se ha visto orillada.
La desesperación del pueblo se tienta en el aire.
Seguramente no es la mejor manera… la creción de grupos “paramilitares” de este tipo nunca ha dejado nada bueno.
Pero fuera de eso ¿qué más puede hacer el pueblo?
¿De acuerdo o en desacuerdo?
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