Nada puede estar por encima de la libertad; ni creencias, ni valores, ni ideas… la libertad es el conglomerado de las aspiraciones del hombre. Únicamente, aquellos que no alcanzan a comprender, que no pueden si quiera razonar simplemente el término, fortifican la ciega ausencia del engaño, de la costumbre dañina que ha permeado para el mal de la ignorancia general que instituciones, a nombre del bien y de la bondad humanas, la han sometido a un criterio absurdo y, tremendamente, autoritario.
La iglesia en el occidente de México, acostumbrada a la capacidad plenipotenciaria a la que le han brindado los grupos de poder de la derecha, lineal y poderosa en esta región del país, rebasa en tantas ocasiones la fina frontera entre la laicidad del Estado y el pleno derecho que como institución religiosa tiene, y está obligada, a versar opiniones en defensa de sus posicionamientos ideológicos, siempre y cuando no alcance el derecho ajeno y el respeto a las figuras que rodean al Estado y, sobremanera, la esencia de los ciudadanos que, con la misma libertad y obligación, se deben a los demás.
Los jerarcas católicos –al igual que otros en otras sectas-, en una defensa que pudieran justificar ellos como legítima y legal, vociferando y vilipendiando la dignidad en lo particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y en lo general de la comunidad homosexual del país, atentan en demasía en contra de los derechos fundamentales de ese sector de la sociedad y de los alcances que, irresponsablemente, atentan contra los asuntos correspondientes a la política y a la religión.
El debate sobre la aceptación de matrimonios entre personas del mismo sexo y adopción de menores, debe basarse en el diálogo inteligente y en el debate argumentativo que merecen ambas posiciones, civilmente actuando con responsabilidad y acato a las leyes, al Estado como regente del bienestar común y al Poder Judicial como órgano facultado en la interpretación de la norma jurídica.
Entiéndase claramente que las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen un carácter único de legalidad y legitimidad en torno a los derechos y obligaciones. Es imposible, necio y terco, pretender que la máxima Corte del país pueda otorgar juicios o meramente opiniones morales o éticas, sería irresponsable como las acusaciones que estos días se han planteado por cavernales individuos. Aquello que se encuentra en la sala de la Corte, no tiene ni debe tomar partido alguno por procesos mentales de conciencias, de valores o de principios: Simplemente, aceptar o negar directamente lo que se es y lo que no se es. Personalmente, como individuos libres, podemos después o durante opinar, cuestionar y debatir sobre, pero atendiendo y acatando el Estado de Derecho que debe regir a México.
La solución de los problemas no se encuentra en la constante guerra de declaraciones o en el fuego unilateral allende a las cavernas, sino en la presentación de argumentos e ideas, científicas, antepuestas a la razón ciega de tiempos, inútilmente recordados, de las costumbres y tradiciones de la edad media. Esos tiempos, definitivamente desaparecieron.
