Iniciativa ciudadana

Por Laura Méndez (en twitter @lauramendez)

Participación en el foro ciudadano convocado por ANCA.

Sin duda el tema de la reforma política no es nuevo, sin embargo, a partir de la presentación de la iniciativa por parte del Presidente de la República, éste ha sido puesto sobre la mesa y provocado un debate entre diversos actores sociales y políticos, tan es así que a la fecha, tanto el PRD con el PRI, han presentado sus respectivos proyectos de reformas políticas en el Congreso.

En nuestro país, si bien hemos superado el régimen autoritario que predominó durante más de 70 años, nos falta mucho para cantar la victoria de la democracia, pero soy optimista y creo que vamos por buen camino.

Debemos comprender que nuestro sistema político ha evolucionado, y en consecuencia, nuestras instituciones deben hacerlo también. No podemos seguir rigiéndonos por las reglas de nuestros antepasados, porque el juego era distinto. Es por eso que ahora a nosotros nos corresponde participar en la renovación de los viejos esquemas políticos.

Esta reforma política que se discute, debe ser ciudadana, incorporar nuestras observaciones y comentarios, enriquecerse con ellos, por lo que aplaudo lo que hasta se ha logrado, y reconozco los esfuerzos como el Foro Ciudadano del pasado 27 de febrero organizado por ANCA.

Sin duda, la reforma política plantea muchos temas relevantes y uno de ellos es el empoderamiento ciudadano a través de distintos mecanismos, entre el referéndum, las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana.

Los mecanismos de participación ciudadana en una democracia son los instrumentos a través de los cuáles los ciudadanos ejercen el poder y se gobiernan.

En teoría, es posible identificar dos grandes mecanismos: los de democracia directa y los de democracia representativa. Si bien en sus orígenes la democracia se ejercía de forma directa, no cabe duda de que desde hace mucho transitamos hacia la democracia representativa, de ahí el origen de los partidos políticos y otras instituciones con las que hoy contamos.

Ahora bien, reconocemos que la iniciativa ciudadana y el referéndum son mecanismos de democracia directa y frente a este tipo de mecanismos se levantan voces a favor y en contra. A favor, por ejemplo, se señala la importancia de incluir la participación directa de los ciudadanos; que reconocen que el electorado debe tener una voz más directa en la elaboración de las leyes; que estos mecanismos alientan la participación ciudadana en la vida pública y que son un arma para equilibrar la influencia de los diversos grupos de presión sobre nuestros legisladores. En contra de estos instrumentos, se les acusa de debilitar el gobierno representativo; de polarizar las opciones políticas; de que se corre el riesgo de llegar a ser controlados por grupos de intereses poderosos y de poner en peligro los derechos de las minorías.

Me parece que las posturas no deben ser tan radicales y se debe reconocer a los mecanismos de democracia directa como instrumentos políticos relativamente neutros, y que como señala Maurice Duverger, éstos tienen que ser evaluados en el marco global de las instituciones de la democracia representativa.

Por lo anterior, me parece que estos mecanismos no son antagónicos a la democracia representativa, sino complementarios. En realidad, constituyen “válvulas de escape” dentro del sistema democrático, ya que permiten abrir canales directos comunicación entre gobernados y gobernantes, expresar sus intereses, e informar a las autoridades sobre sus necesidades.

En el caso particular de las iniciativas ciudadanas, me parece que son en realidad una degradación más del derecho de petición, consagrado actualmente en el artículo 8° constitucional, el cual establece que los gobernados que presenten una petición tienen el derecho de recibir una respuesta por escrito por parte de las autoridades.

Actualmente, son presentadas muchas propuestas de leyes ante el Congreso y la Administración Pública, en su mayoría se trata de organizaciones y ciudadanos interesados en regular, o mejorar la regulación, de algún sector. Sin embargo, dichas propuestas, muchas de ellas valiosas, son guardadas en el archivero, ante la ausencia de un verdadero procedimiento de atención y sobre todo de una obligación de análisis por parte de los órganos ante quienes se presentan. Por lo anterior, el reconocimiento expreso de la iniciativa ciudadana tiene un valor muy importante, pues otorgaría a los ciudadanos certeza jurídica a su ejercicio, como ha sucedido con otros derechos, como el derecho de acceso a la información.

Ahora bien, la siguiente pregunta sería cuál sería la finalidad de la iniciativa ciudadana. A mí me parece que debemos ser cuidadosos con la respuesta, la incorporación de esta figura y la del referéndum no nos llevaría mágicamente a fortalecer nuestra democracia, por lo que creo que debemos dimensionar sus alcances. En América Latina, al menos 13 países reconocen la iniciativa ciudadana como un derecho de los ciudadanos, sin embargo, realmente en sólo 3 de ellos han sido aprobadas legislaciones por esta vía, son Argentina, Uruguay y Colombia.

Es por lo anterior, que pienso que la importancia no radica en el número de leyes que pudieran ser aprobadas por esta vía, sino en la posibilidad de poner un tema de discusión en la agenda legislativa, que ésta sea analizado y discutido, que se generen debates, foros y opiniones en torno a él.

Sin duda, existen temas que deberán definirse en torno a las iniciativas ciudadanas, tales como los sujetos activos, es decir ante quienes podrían presentar las peticiones; el número de firmas que se necesitarán; si el porcentaje requerido se basará en el número absoluto de la población o en el padrón electoral; el establecimiento de un órgano dentro del Congreso para recibir y analizar las iniciativas; el plazo de respuesta; entre otros.

Finalmente, es necesario reconocer un importante problema en nuestro país, la omisión legislativa, y es que los ciudadanos no contamos con el derecho al juicio de amparo por este tipo de omisión de la autoridad, como tampoco la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial por ello; y es que ésta falta del que hacer de los legisladores conlleva, en la práctica, a la pérdida de derechos de los ciudadanos, como pudiera llegar a ser el caso de las acciones colectivas.

Al respecto, recientemente se aprobó en el Senado una iniciativa de reforma constitucional para reconocer las acciones colectivas cuya efectividad dependerá de la emisión de la legislación secundaria

Me parece que la creación y reconocimiento de la iniciativa ciudadana podría contribuir a solucionar este problema, al generar presión para que los legisladores aprobaran las leyes a las cuales están obligados, combatiendo de esa forma la inacción legislativa, que muchas veces parece tan intencional.

En fin, este tema como muchos otros, es un tema inacabado pero que nos motiva a seguir participando en su definición, y en hora buena que existan espacios como este para ello.