
El fin de semana en Apatzingán, Michoacán, la policía federal, detuvo a 33 personas presuntamente vinculadas con “la familia michoacana“. Lo hizo en el interior del templo del perpetuo socorro en dicha localidad. Entre los detenidos, se encontró Miguel Ángel Barraza Villa, mejor conocido como “la troca”, principal distribuidor de droga sintética de Nazario Moreno González, alias “El Chayo”, Enrique Plancarte, alias “El Kike”, y Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta“.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), ha puesto literalmente el grito en el cielo. Ha condenado enérgicamente la actuación de la policía federal y califican al operativo como “una falta de respeto y violencia”. El operativo tengo entendido que no fue de la magnitud planteada en un primer momento. Lo que no me queda claro es la posición de la iglesia en este caso. Durante la detención no hubo ni un sólo disparo, si bien el señor Barraza no cometía un delito en flagrancia, el comunicado de la CEM asegura que “no se explica” la detención de éste. Sin embargo, los servicios de inteligencia de la PF, no detuvieron a nadie de manera arbitraria, por el contrario un delincuente que atenta contra la seguridad colectiva.
Probablemente la Conferencia se refiere a los asuntos propios del procedimiento, aunque debiera de entender que en los operativos de inteligencia, no se puede avisar del con antelación por el riesgo que implica. De lo contrario, si el Episcopado se refiere al fondo del asunto, estaría actuando cuando menos como encubridor de los delincuentes, y por lo tanto actuando en contra del Estado Mexicano. Los prelados aseguran que dicho evento no beneficia a nadie “menos en estos momentos donde México es señalado internacionalmente como un país inseguro y violento”.
El colmo, la SSP “pidió disculpas” a la CEM, ridículo dado que la Secretaría tiene un deber ineludible. Cabe decir que la mayoría de las iglesias católicas son propiedad de todos los mexicanos y no debe verse como un inmueble privado.
Sin embargo la detención fue aplaudida por la DEA y por fin paree que tras el mes más violento del sexenio (Julio), por fin las labores de inteligencia tienen algo de inteligentes.
En concordancia con la legalidad y el estado de derecho, “la troca” debería tener el derecho de ser oído y vencido en juicio, además de contar con un juicio imparcial y con todas sus garantías individuales salvaguardadas. Hay quien dirá que no será así y si no lo es, que se denuncie ante las instancias correspondientes. Pero el clero no debe tratarse de inmiscuir de esta manera en cuestiones terrenales y políticas.
Que no aprovechen, la “santa llama” que cubre sus palabras, éstas entorpecen investigaciones y se trata de manipular la opinión pública. Que usen sus dogmas para nutrir el espíritu individual de sus feligreses, y que respeten la labor del Estado, que si bien, como ya se ha comentado debería de buscar alternativas en esta guerra, debe cumplir con su obligación con o sin misa.