Censura

En crítica pura, los colaboradores, hemos tratado de enfocarnos en temas de interés nacional relacionados con el acontecer político del país. Sin embargo, hay ciertos temas; que, aún siendo locales, deben ser ventilados en un espacio que trascienda lo particular.

Tlaxcala, estado gobernado por el PAN, es el más pequeño del país, y en los últimos años ha empezado a desarrollarse de manera lenta pero consistente. Ahí están los datos: miles de millones de pesos en obra pública, comparable a estados del doble de su tamaño.

Hay elementos que de cuando en cuando, hermanan de manera negativa,  a las entidades gobernadas por el PAN, uno de esos elementos, es la censura. En Jalisco o Guanajuato, se han prohibido en ocasiones desde las minifaldas hasta los besos. Hoy en Tlaxcala, la dirigencia estatal de ese instituto político, promueve una “ley mordaza” a los medios de comunicación.

La iniciativa en cuestión lleva el nombre de: “Ley de responsabilidades para la publicación, imprenta y cualquier medio de comunicación en el Estado de Tlaxcala”. Se trata de una ley que propone establecer un comité, cuya función será determinar si alguna publicación u opinión ofende a algún funcionario público y, en consecuencia multar y censurar a los periodistas y medios. ¿Quiénes y con qué solvencia moral podrían integrar esta comisión? ¿Cuáles serán los criterios para determinar la presunta ofensa? ¿Qué controles o sanciones en caso de cometer errores o actuar con dolo?.

La lucha por el respeto a nuestra garantía constitucional de expresarnos, ha costado en el pasado derramamiento de sangre. La libertad de expresión es un derecho tanto individual como colectivo, ya que no sólo es el derecho individual de emitir o recibir información, sino que se ve inmiscuido el ámbito social por la aportación de ésta, la pluralidad de ideas que, pueden ayudar en nuestra sociedad a generar una visión objetiva y clara del mundo y en consecuencia; esta libertad, es motor de otros derechos.

En Tlaxcala, la libertad de expresión no es una realidad celebrada sino un anhelo incumplido. El Estado no puede fincar responsabilidades a aquel periodista que haga una pregunta “incómoda”, escriba sobre ciertos personajes, señale a funcionarios públicos corruptos o exhiba las complicidades judiciales.

Es por ello que el tema supera la esfera local, refleja que probablemente en otros puntos del país se estén pensando cuestiones similares. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que este fenómeno no se reproduzca, de no asumirla, seríamos tan condenables como quien planea esta iniciativa en su escritorio.