Aún, ¿pena de muerte?

La liberación de los presuntos delincuentes del caso Acteal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone a la justicia mexicana en un lugar poco cómodo, en una etapa de reflexión que ha cimbrado el dogma jurídico para bien y mal de su desarrollo.

Inmediatamente, después de la liberación, el caso de los indígenas corresponde en una sonora llamada de atención para el replanteamiento de los máximos postulados de la impartición de justicia en el país, debiendo corresponder equitativamente y esclareciendo definitivamente el pasado tan turbio que se heredó en un presidencialismo autoritario, capaz de manipular los procesos jurídicos y la capacidad del poder judicial de México.

Tales consecuencias, obviaron una tremenda opacidad de los órganos judiciales de la Nación, demostrando ineficacia e ineficiencia a casi 12 años después de los hechos. Sin embargo, el fallo, reconociendo en contra de la historia y afrontando un juicio severo en las conciencias de nuestro pueblo, ha consolidado la separación de poderes y ha afianzado un tanto el papel indispensable que ocupa la justicia en del desarrollo de la sociedad.

Para estas alturas, después de encarnizados debates en torno a la pena de muerte en ciertos delitos, puedo hacer una pregunta al aire, ¿hay aún quién, observando el caso Acteal y conociendo de la torpeza del sistema de impartición de justicia, pueda exigir y defender la pena de muerte en el país?.

No puede afrontarse ligeramente el cisma entre las dos posturas, sino analizar detenidamente al poder judicial de la Federación y la capacidad que éste tiene sobre el poder de la ley. No puedo pensar en una sociedad asesina, que pueda pretender la muerte dentro de los castigos a los delincuentes. Se ha demostrado ya que la ley y sus procedimientos pueden fallar, y con ello, arrebatar años, vidas a agente inocente, destruyendo para su porvenir toda seguridad que se tenía antes de esos errores.

Cuando la justicia y la ley fallan, fallamos todos los individuos que conformamos la sociedad, atribuyendo la capacidad que como soberanos damos al imperio del Estado. Consentir los errores nos hace, activamente, participes de los mismos. Si se llegase a cometer una muerte a algún inocente, todos habremos cometido el delito de asesinato.