Atribuciones que no me corresponden

Mauricio Fernández, el alcalde de San Pedro (Nuevo León), en su toma de protesta, aseguró que en el combate al crimen organizado se tomaría atribuciones que no le corresponden para acabar con el creciente problema de inseguridad en su municipio. Además reveló (gracias a una llamada anónima, asegura) el nombre de un ejecutado que oficialmente sería encontrado 5 horas después. Ante la alarmante declaración: aplausos.

El federalismo mexicano se contiene en el artículo 124 Constitucional, a partir de éste existe una distribución de competencias entre los poderes y niveles de gobierno. Por lo tanto cada poder y nivel tiene un rango de acción limitado y no puede regular más que las materias que entran en su radio.

En el terreno de lo real, existe una disociación entre lo que está plasmado en las leyes y los hechos, así, hay veces que se interpretan facultades concurrentes o conexas entre diversos niveles u órdenes de gobierno. En el ejercicio de la ley penal y con ello del monopolio de la coercitividad Estatal, los municipios no pueden aducir las razones anteriores, dado que, éstos sólo están facultados en términos del 115 Constitucional.

Es por eso que las declaraciones del alcalde de San Pedro Garza causaron tantas reacciones. Al proponer tomarse atribuciones que no le corresponden, estaba claramente desafiando el estado de derecho, pero su argumento refleja el sentir de un sector social importante: la incapacidad que demuestran los gobiernos locales y federal para contener la criminalidad, nos lleva al extremo de volver al la lex talionis.

El Secretario de Gobernación ha especificado que si actúa fuera de la ley es también un delincuente. Sin embargo considero que es una buena oportunidad para replantear al propio Estado, el pacto federal y la distribución de competencias. Es claro que en el estado en que se encuentran las cosas, en muchas áreas no es funcional el Estado. Si el debate se pierde en que el alcalde desafía la ley (como ya lo vimos) no tendremos la oportunidad de transitar entre el reclamo social y un andamiaje legal-político que sea eficiente para los ciudadanos.