Jalisco, dentro de sus caracteres ambivalentes de la conciencia general colectiva, se muestra siempre dispar en sus criterios y violento cuando se decide rotundamente a la realización de una empresa.
Históricamente, los movimientos más libertarios y los más reaccionarios, han tenido como cuna al Estado, y ha servido de igual forma como un bastión inexpugnable para toda causa que acoge como suya. Jalisco, para bien y para mal, en las ideas más revolucionarias y en los descalabros al retroceso del medioevo, influye totalmente como un ente colectivo que dispara desde la primera fila de ataque.
Reiteradamente, como desde hace años se ha acostumbrado al Estado y a la población a seguir la directriz de una cúpula política liada, en su gran mayoría, al clero y a movimientos de ultra derecha, se confluye inevitablemente en una agenda política dirigida –desde un punto de vista autoritario e intolerante- a los intereses de las clases conservadoras y de los presbíteros que pretenden detentar el poder como antaño, a su forma y a su manera.
La controversia manada sobre la píldora del día siguiente por el gobernador Emilio González Márquez es uno de esos argumentos que muestran al Estado como un defensor de los dogmas de la iglesia, ganando para bien y para mal el favor de la opinión jalisciense respecto al tema.
Personalmente, en defensa de las libertades y del libre albedrío del hombre, difiero en la sentencia definitiva del Gobierno del Estado a las disposiciones federales de la píldora del día siguiente.
El derecho a la decisión de cualquier ciudadano no puede ser coartado por institución alguna, ni siquiera por los Gobiernos, para crear criterios que le sometan a dirigir su juicio o intimidar su idiosincrasia. Vale más que las herramientas legales existan por medio para la libre elección de los ciudadanos, que una cruzada moral representada por las creencias escuetas de alguna tesis política, religiosa o ética.
Quien quiera pueda hacer uso de las garantías, quien no, simplemente no debe utilizarlas. Es fácil.
